La sistematización de la información legal especializada en cultura viene desarrollándose desde hace ya un par de décadas, existiendo importantes estudios compilatorios de la legislación cultural a escala mundial por parte de la UNESCO, y concretamente en la región americana por organismos de cooperación regionales como la Unión Panamericana, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Convenio Andrées Bello (CAB).
La Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, celebrada en México en agosto de 1982, puso ampliamente de relieve(8) la importancia de la legislación cultural como instrumento al servicio de la vigencia y aplicación de los Derechos culturales en todo el mundo.
La elaboración de un diagnóstico de legislaciones comparadas tiene un indudable valor especifico. El conocimiento acerca de la legislación de otros países del área, podría ser propiciar el aprovechamiento de los avances y las experiencias positivas en la materia.
El Programa, en materia de legislación cultural, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reconoce el valor de las decisiones y recomendaciones que poseen las diversas conferencias intergubernamentales regionales sobre políticas culturales que se han venido realizando en las últimas décadas.
La Red de Cátedras sobre gestión cultural y la administración de institutos culturales que impulsa UNESCO, y más precisamente su Cátedra de derechos culturales, tiene por objetivo atender estos temas y promover la realización de un programa permanente de actividades de investigación; documentación; enseñanza y difusión de carácter internacional, regional y comparado referido al estudio de la vigencia, condiciones de ejercicio efectivo y legislación aplicable en materia de Derechos culturales como Derechos humanos, individuales u colectivos, dentro de la región de los países iberoamericanos, por una parte. Asimismo se propone definir una conceptualización teórica más completa del Derecho de la cultura en el mundo. Esta cátedra se lleva a cabo conjuntamente con la Universidad de Palermo de Buenos Aires, Argentina, en el marco del Programa Internacional UNITWIN de UNESCO.
El Convenio Andrés Bello (CAB) trabaja en la sistematización de la legislación cultural en la región. Sus antecedentes se remontan a comienzos de la década de los setenta, con documentos especiales publicados por sus diversos organismos que hacen referencia a la importancia de la legislación cultural comparada como instrumento de cooperación cultural. En 1981 promovió, en colaboración con la UNESCO y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura, la recopilación de la legislación cultural de los países andinos que entonces formaban parte del Convenio. Posteriormente, en 1997, la Secretaría Ejecutiva tomó la decisión de impulsar la elaboración de una nueva edición que pusiera al día los contenidos normativos y que dejara constancia de la realidad de los actuales países integrantes del Convenio. Se trató de una compilación y no la edición de un código legislativo, pero en cualquier caso ofrece una imagen que perfila y refleja la naturaleza de la legislación de cada país miembro del Convenio.
Asimismo, el CAB, dentro de su línea programática Legislación para la Integración lleva a cabo el Proyecto Armonización de la legislación para la Integración. Su objetivo es contribuir con los procesos de integración entre los países miembros del Convenio, a través del análisis de las legislaciones compiladas, los estudios comparados y la elaboración de propuestas y recomendaciones sobre la viabilidad en la adopción de medidas que conlleven la unificación jurídica en la región y el estudio de temas relativos libre circulación de bienes culturales y la protección del patrimonio cultural.
La Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales, creada en 1997 en coordinación con la Universidad Carlos III y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ambas de España es una de las acciones fruto de los proyectos previstos en la materia. Sus objetivos son la investigación y la difusión de conocimientos, el progreso de la doctrina de los derechos culturales en el marco de los derechos humanos. Promueve una serie de acciones entre las que se encuentra el fomento de la investigación comparada.
Dentro de la asociación de entidades preocupadas en la materia, surge en 1999 en el seno de la Universidad Carlos III de Madrid, España, el Instituto Universitario de Derecho de la Cultura, posteriormente denominado Instituto para la Comunicación Cultural. Sus líneas de acción se centran en la investigación, la docencia y la difusión en relación con todas las manifestaciones y ámbitos de proyección que presenta en la actualidad el Derecho de la cultura. Hace especial énfasis en el impulso de la doctrina de los derechos culturales en los nuevos contextos sociopolíticos, económicos y tecnológicos actuales. Asimismo, se propone estimular y ofrecer a la sociedad la contribución que puede aportar la Universidad a un diálogo más racional, científicamente enriquecido y plural en el debate sobre la problemática jurídica-institucional que conlleva la integración cultural en el mundo actual, con especial énfasis en la realidad de España y con atención específica a las realidades de Iberoamérica y Europa. Entre las actividades a destacar se encuentra la realización del I Congreso Iberoamericano de Derecho de la Cultura.
Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA), en los últimos cuarenta años, ha reafirmado su compromiso, identificando el tema de la cultura como componente integral de los procesos de desarrollo y democratización de la región.
Diversos órganos de la OEA, como el Departamento de Asuntos Culturales y los organismos especializados, en particular el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, han mostrado su interés en diversas ocasiones por la información comparada vinculada a la legislación cultural nacional de los Estados miembros. Cabe mencionar que el Proyecto de Legislación Cultural del Programa Regional de Desarrollo Cultural correspondiente a los años 1979 1983, dio relevancia a esta disciplina, al incluir dentro de las actividades del programa regional un nuevo subprograma, el de Planeamiento, investigación y desarrollo Cultural, que tomaba en consideración ya el tema, proponiendo específicamente un proyecto denominado Legislación Cultural. Actualmente, la Oficina de Asuntos Culturales de la OEA, creada en abril de 1996, posee una compilación de instrumentos legales internacionales e interamericanos relacionados al campo cultural.
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), dentro de su programa Iberoamérica: Unidad en la Diversidad Cultural, impulsa acciones conducentes a una mayor articulación entre los sistemas educativo y cultural, con el fin de permitan avanzar en el diseño de agendas de temas comunes. Entre estas acciones se encuentran el fomento de tareas de investigación y análisis sobre el modo de armonización de las políticas culturales y educativas. Asimismo se encuentra en esta línea, el proyecto Sistemas Nacionales de Cultura dirigido a compilar y difundir la información sustantiva de las políticas culturales aplicadas en la región. Su objeto son los programas y los proyectos públicos, privados, y de las organizaciones sociales, que tienen una presencia consolidada, o que, siendo nuevas, representan promisorias opciones de fomento cultural en sus respectivas sociedades. Hasta el momento ya se han realizado los informes de México, Cuba y Perú y se están elaborando los de varios países del área iberoamericana. El proyecto aspira a cubrir en los próximos años a todos los países miembros de la OEI.
En el marco internacional, cabe mencionar la labor que viene realizando la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que promueve la cooperación entre los países en vías de desarrollo, a través del establecimiento de políticas comunes, armonizadas y procedimientos simplificados entre las oficinas de propiedad intelectual. Sus actividades se centran en la presentación de solicitudes, la concesión de derechos de propiedad intelectual; la promoción de acuerdos de establecimiento de redes para la simplificación de la adquisición; el mantenimiento de la protección de la propiedad intelectual en el ámbito nacional, regional y mundial; el intercambio de conocimientos especializados y tecnologías sobre modernización de las oficinas de propiedad intelectual, incluida la informatización de los procedimientos de propiedad intelectual; el establecimiento de redes de trabajo y cooperación, el intercambio eficaz de información; y la cooperación entre distintas administraciones nacionales para un mejor ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. Sus acciones se articulan a través de la organización de foros internacionales conjuntos con organismos gubernamentales, intergubernamentales, y no gubernamentales y otras organizaciones interesadas en la materia, reuniones subregionales acerca de cuestiones comunes y sobre la propiedad intelectual y la cooperación para el desarrollo en la materia.
Desde ya hace algún tiempo, existe preocupación por la recopilación de la legislación cultural de los países iberoamericanos. La evolución de la cultura y por ende de sus legislaciones, hace que se tenga un especial interés por mantener y fomentar el diagnóstico de legislaciones comparadas de los países, de perfeccionar y renovar continuamente el conocimiento de las mismas, a fin de conseguir una legislación cultural de mayor calidad y avanzar en el proceso de una integración que haga posible un desarrollo más garantizado de los Derechos culturales de los ciudadanos de toda la región.
La OEI ha comenzado a reunir y sistematizar esta información y ya se encuentra disponible la información correspondiente a varios países:
Colombia
http://www.oei.es/cultura2/colombia/04.htm
Cuba
http://www.oei.es/cultura2/cuba/11.htm
Honduras
http://www.oei.es/cultura2/honduras/cap4.htm
México
http://www.oei.es/cultura2/mexico/indice.htm
Perú
http://www.oei.es/cultura2/peru/11.htm
República Dominicana
http://www.oei.es/cultura2/rdominicana/informe4.htm
Por su parte el Convenio Andrés Bello CAB viene desarrollando desde el año 1981, en colaboración con la UNESCO y el Fondo interamericano para la promoción de la cultura, la recopilación de la legislación cultural de los países andinos que entonces formaban parte de la entidad.
A partir del 2005 el CAB cuenta con la legislación actualizada en un CD - ROM que ofrece la posibilidad de ver el cuerpo normativo en su totalidad y la facilidad de leer las legislaciones de forma comparada en una herramienta que esperamos llegue a toda la comunidad académica y virtual, a los gestores culturales, a las bibliotecas nacionales y a las Organizaciones que deseen contar con esta completa y práctica herramienta de consulta, única en su genero.
Asimismo, el Doctorado en derechos culturales que ya cuenta con varias ediciones y que se realiza en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED y la Universidad Carlos III refuerza la labor del Convenio en esta materia.
Esta por finalizar el primer estudio de análisis comparado sobre la legislación y disposiciones normativas en patrimonio cultural de los países CAB, que da, una visión de conjunto de las distintas disposiciones legales y sus efectos, el análisis contribuye a la construcción de una legislación armonizada en este tema.
By Alexander Flores colaborador cultural de RomaCondesa
